Acabo de leer una interesante entrevista a Ramon Folch, doctor en Biología que preside el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde opina sobre la financiación de la universidad.
Un estudiante cuesta entre 5.000 y 6.000 euros por curso. Ése debería ser el importe de la matrícula, al que se aplicaría una escala de detracciones. La primera, según la renta familiar; la segunda, por su capacidad o currículo, y la tercera, según dónde esté su vivienda habitual. Así, los buenos estudiantes de extracción modesta podrían tener una exención del 100%, incluso una especie de beca salario. Pero los que tiran a mediocre y son de familia acomodada pagarían religiosamente el importe íntegro. La legislación actual impide esta fórmula.
Hoy todos los alumnos pagan igual. No les preguntamos ni por su renta, ni por su expediente, ni por su lugar de residencia. Eso es igualitario, no equitativo; es decir, socialmente injusto.
Esta propuesta, que puede resultar polémica, me parece un total acierto. De hecho, ya comenté hace tiempo que me parecía que ese era el modelo hacía el que se debería tender.
Por un lado se multiplican los ingresos de la universidad, lo cual vendría muy bien para mejorarla y permitiría aumentar el número y la cuantía de las becas para quien de verdad las merece y necesita. Pero lo más importante, se conseguiría cambiar la actitud de ciertos alumnos que entienden que ir a la universidad es un derecho, pero olvidan que también es un privilegio.
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